BUENOS AIRES.- El Gobierno acusó a la empresa Shell de tener intencionalidades políticas con sus aumentos de precios en los combustibles y aplicó la Ley de Abastecimiento, que retrae las subas al 28 de enero último.
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, firmó ayer la resolución que pone en vigencia la ley 20.680 y obliga a la petrolera multinacional a dar marcha atrás con las variaciones.
El Gobierno logra de esta forma que Shell no pueda cobrar los aumentos de entre el 2% y el 3,6% en sus productos, estipulados por la firma ante el encarecimiento en el costo de producción.
El ministro de Economía, Amado Boudou, había advertido que la petrolera angloholandesa iba a tener que dejar sin efecto el reciente aumento. En ese sentido afirmó: "no es la primera vez que Shell hace esto y estamos saliendo muy fuerte a pararlo".
Boudou explicó que la mecánica de actualización de precios establece que las empresas presentan a la Secretaría de Comercio la lista de valores para ser autorizadas, pero que en esta caso no fue habilitada a implementar el incremento.
Ante una situación similar, en agosto de 2010, la administración de Cristina Kirchner, forzó a la empresa a retrotraer los precios de los combustibles a precios vigentes al 31 de julio anterior.
Por su parte, el titular de Planificación, Julio De Vido, criticó a Shell por los nuevos ajustes y le pidió a los usuarios de combustibles que vayan a cargar a YPF, en un claro pedido de boicot contra esa petrolera. El funcionario aseguró que la empresa tiene una clara intencionalidad política, y acusó por ello al presidente de la compañía, Juan José Aranguren. Dijo que parece un referente de la oposición política más que un gerente de una compañía extranjera, por los numerosos y continuos aumentos que aplica la petrolera. Shell es la segunda empresa del país con un 15% del mercado, muy lejos de la líder, YPF, que abastece el 57%; mientras que ESSO y Petrobras se reparten el resto del mercado, según datos del sector. (NA)